SUDÁN DEL SUR 2016/2017

Pese al Acuerdo para la Solución del Conflicto en la República de Sudán del Sur (acuerdo de paz), continuaron los combates entre las fuerzas del gobierno y las de la oposición, acompañados de violaciones y abusos contra el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. En abril se formó un gobierno de transición de unidad nacional que se disolvió tras los violentos combates entre las fuerzas del gobierno y las de la oposición que tuvieron lugar en Yuba en julio. La comunidad internacional aceptó el gobierno reconstituido de Yuba, pero el líder de la oposición Riek Machar y sus aliados lo rechazaron. Los continuos enfrentamientos siguieron teniendo consecuencias humanitarias devastadoras para la población civil. Los servicios de seguridad del gobierno reprimieron activamente las voces críticas e independientes de la oposición, los medios de comunicación y los defensores y defensoras de los derechos humanos.

Información general

La aplicación del acuerdo de paz fue lenta y se enfrentó a numerosos obstáculos, como discrepancias respecto al número de estados, el acantonamiento de combatientes de la oposición y disposiciones de seguridad en la capital, Yuba.

El 26 de abril, el líder de la oposición Riek Machar regresó a Yuba para ser investido vicepresidente primero del Gobierno de Transición de Unidad Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el acuerdo de paz. Los ministros y las ministras del Gobierno de Transición tomaron posesión de su cargo la semana siguiente.

A principios de julio, una serie de enfrentamientos violentos en Yuba entre las fuerzas del gobierno y las de la oposición elevaron las tensiones y dieron lugar a un tiroteo mortal el 8 de julio entre los guardaespaldas del presidente Salva Kiir y los del entonces vicepresidente primero Riek Machar ante el palacio presidencial, donde ambos mantenían una reunión. El 10 y 11 de julio hubo fuertes enfrentamientos en Yuba entre las fuerzas del gobierno y las de la oposición.

Los combates de Yuba obligaron a Riek Machar y a las fuerzas de oposición a huir hacia el sur, donde eludieron la persecución activa de las fuerzas gubernamentales durante el mes siguiente. Mientras tanto, el presidente Salva Kiir destituyó a Riek Machar como vicepresidente primero, y el 25 de julio lo sustituyó por Taban Deng Gai, político de la oposición. Riek Machar rechazó y denunció la destitución, lo que provocó una división en el Ejército/Movimiento de Liberación Popular de Sudán en la Oposición (SPLA/M-IO, por sus siglas en inglés). La comunidad internacional finalmente aceptó el nuevo gobierno y lo instó a reanudar la aplicación del acuerdo de paz.

Tras la huida de Riek Machar y las fuerzas de oposición, se restableció una relativa calma en Yuba, pero los combates en esta ciudad desencadenaron un aumento repentino de la violencia en la región de Ecuatoria, en el sur del país, que se saldó con homicidios de civiles, saqueos y detenciones arbitrarias. Los condados de Lainya, Yei, Kajokeji, Morobo y Maridi resultaron especialmente afectados. Entre julio y diciembre, unas 394.500 personas sursudanesas llegaron al norte de Uganda como refugiadas a causa de la inseguridad.

En septiembre, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la Resolución 2304, que autorizaba la creación de una fuerza regional de protección compuesta por 4.000 efectivos, que se sumarían a los 12.000 miembros de las fuerzas de mantenimiento de la paz con los que ya contaba la Misión de la ONU en Sudán del Sur (UNMISS). La fuerza regional de protección tendría el mandato de facilitar la circulación segura de entrada y salida de Yuba, proteger el aeropuerto e infraestructura clave de la capital y establecer contacto con todo agente que preparase ataques contra civiles, agentes humanitarios o instalaciones y personal de la ONU o participase en ellos. Sin embargo, la fuerza regional de protección no estaba establecida al terminar el año.

En la misma resolución se estipulaba que el Consejo de Seguridad de la ONU consideraría la imposición de un embargo de armas en caso de que Sudán del Sur pusiera impedimentos políticos u operacionales para la entrada en funcionamiento de la fuerza regional de protección u obstaculizase a la UNMISS en el cumplimiento de su mandato. A pesar de las denuncias de ataques y obstrucción al personal de UNMISS y de la actitud reacia del gobierno hacia el mandato y el establecimiento de la fuerza regional de protección, en diciembre el Consejo de Seguridad de la ONU no aprobó una resolución que habría impuesto un embargo de armas.

Conflicto armado interno

A pesar del acuerdo de paz, hubo combates en muchas zonas del país durante todo el año. En ellos, todas las partes en el conflicto cometieron continuamente violaciones y abusos contra el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, tales como homicidios, saqueos y destrucción de bienes civiles, secuestros y violencia sexual.

El 17 y 18 de febrero se libraron combates en el emplazamiento de protección de civiles de la ONU de Malakal, que albergaba a unas 45.000 personas. En ellos participaron soldados gubernamentales que entraron en el emplazamiento. Alrededor de un tercio del campo quedó arrasado por el fuego y al menos 29 personas internamente desplazadas perdieron la vida.

A principios de 2016, soldados del gobierno llevaron a cabo ataques contra la población civil en Bahr el Ghazal Occidental. Perpetraron homicidios y tortura —incluyendo violaciones— y saquearon e incendiaron viviendas civiles. Los enfrentamientos entre las fuerzas del gobierno y las fuerzas aliadas de la oposición que tuvieron lugar el 24 y 25 de junio en la ciudad de Wau causaron el desplazamiento de unas 70.000 personas y decenas de muertes.

Durante los combates que tuvieron lugar en Yuba en julio, los actores armados —especialmente los soldados del gobierno— perpetraron violaciones y abusos contra el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, incluidos homicidios, actos de violencia sexual y saqueos de bienes civiles y humanitarios. Los soldados gubernamentales también dispararon indiscriminadamente en las proximidades de emplazamientos de protección de civiles y, en algunos casos, los atacaron a propósito. Un total de 54 personas desplazadas murieron en los emplazamientos durante los combates, según la ONU.

El número de personas refugiadas que habían llegado a países vecinos desde el inicio del conflicto en diciembre de 2013 alcanzó en septiembre la cifra de un millón. El número de personas internamente desplazadas que buscaban protección en los emplazamientos de protección de civiles aumentó en el transcurso del año hasta alcanzar 204.918 en octubre. Un total de 1,83 millones de personas continuaban desplazadas dentro del país y 4,8 millones de personas sufrían inseguridad alimentaria.

Detenciones arbitrarias y tortura y otros malos tratos

El Servicio de Seguridad Nacional de Sudán del Sur y la Dirección de Inteligencia Militar del ejército nacional continuaron sometiendo a presuntos opositores del gobierno a detención arbitraria, prolongada y, en algunos casos, incomunicada, así como a desaparición forzada. En numerosos centros de detención se infligían tortura y otros malos tratos a las personas detenidas.

El Servicio de Seguridad Nacional recluyó a más de 30 hombres en un centro de detención de dos plantas albergado en su Jefatura, en el barrio de Jebel (Yuba). Los hombres fueron detenidos tras ser acusados de apoyar al SPLA/M-IO, pero no se presentaron cargos formales en su contra ni comparecieron ante los tribunales. Ninguno de ellos había tenido acceso a asistencia letrada al terminar el año. El Servicio les restringió el acceso a familiares y no les proporcionó una atención médica adecuada. Algunos fueron sometidos a palizas y otras formas de agresiones físicas, especialmente durante los interrogatorios o como castigo por incumplir las normas de detención internas. Varios llevaban recluidos más de dos años.

El Servicio de Seguridad Nacional mantenía recluido arbitrariamente sin cargos ni juicio a George Livio —periodista de la emisora de la ONU Radio Miraya— en Yuba, a quien había detenido en Wau el 22 de agosto de 2014. El Servicio rechazó las solicitudes de su abogado para reunirse con él y restringió el acceso del periodista a sus familiares.

Loreom Joseph Logie, que llevaba detenido de forma arbitraria por el Servicio de Seguridad Nacional desde septiembre de 2014, murió el 17 de julio. Antes de morir había padecido una teniasis que, por falta de tratamiento, le había causado daños hepáticos.

Al menos entre noviembre de 2015 y mayo de 2016, se utilizó un centro de detención de una base militar situada en Gorom, a unos 20 kilómetros de Yuba, para recluir, sin cargos ni juicio, a soldados y civiles presuntamente vinculados a la oposición. Eran recluidos en contenedores metálicos de transporte de mercancías escasamente ventilados donde recibían alimentos sólo una o dos veces por semana y agua potable en cantidad insuficiente. Muchos detenidos en este centro murieron como consecuencia de las duras condiciones; otros fueron sometidos a ejecuciones extrajudiciales.

En el cuartel militar de Giyada, en Yuba, se seguían llevando a cabo detenciones arbitrarias y en régimen de incomunicación, torturas y desapariciones. Las condiciones eran especialmente duras en una celda subterránea del servicio de inteligencia militar en la que los detenidos carecían de acceso a la luz natural y a instalaciones sanitarias.

Elias Waya Nyipouch, ex gobernador del estado de Wau, fue detenido en su domicilio el 26 de junio y recluido en el cuartel militar de Giyada, en Yuba. El 21 de octubre lo trasladaron al cuartel de Bilpam, situado en la misma ciudad. Al finalizar el año estaba recluido sin cargos ni juicio.

Falta de rendición de cuentas

Las violaciones y abusos contra el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos no se investigaban de forma creíble ni se enjuiciaban en juicios con las debidas garantías ante tribunales civiles. Según informes, algunos delitos cometidos por soldados gubernamentales contra la población civil fueron juzgados ante tribunales militares, a pesar de que la Ley del Ejército de Liberación Popular de Sudán, de Sudán del Sur, atribuía a los tribunales civiles la competencia de enjuiciar los delitos cometidos por militares contra la población civil.

Aunque el acuerdo de paz contemplaba la creación de un tribunal híbrido para Sudán del Sur a cargo de la Comisión de la Unión Africana, apenas hubo avances en ese sentido. Asimismo, se avanzó poco en la creación de una comisión de la verdad, la reconciliación y la curación, y de una autoridad de indemnizaciones y reparaciones, órganos contemplados también en dicho acuerdo.

Libertad de expresión

Tal como venía ocurriendo desde el inicio del conflicto, siguió reduciéndose el espacio para que periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos realizaran su trabajo con libertad. Las autoridades, especialmente el Servicio de Seguridad Nacional, siguieron hostigando e intimidando a periodistas, a quienes citaban para interrogatorios y detenían y recluían arbitrariamente. Numerosos periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos habían huido de Sudán del Sur por haber percibido riesgos para la seguridad.

Joseph Afandi, periodista que trabajaba en Yuba en el periódico El Tabeer, había sido detenido por el Servicio de Seguridad Nacional el 23 de diciembre de 2015 por criticar en un artículo el historial de derechos humanos del Movimiento de Liberación Popular de Sudán. Estuvo recluido en régimen de incomunicación en la Jefatura del Servicio en Yuba hasta que quedó en libertad en febrero. Sufrió tortura y otros malos tratos bajo custodia.

Alfred Taban, periodista y redactor jefe del periódico Juba Monitor, publicó un artículo de opinión el 15 de julio en el que decía que tanto Machar como Kiir habían “fracasado completamente” y “no debían permanecer en sus cargos”. Al día siguiente fue detenido por agentes del Servicio de Seguridad Nacional y recluido en la Jefatura de Yuba durante una semana. Luego fue transferido a custodia policial y acusado formalmente de “publicar o comunicar afirmaciones falsas perjudiciales para Sudán del Sur” y de “socavar la autoridad del presidente o insultarlo”. Quedó en libertad con fianza el 29 de julio. Al terminar el año no se había fijado fecha para el juicio.

El 12 de septiembre, el Servicio de Seguridad Nacional convocó al personal del periódico Nation Mirror y les mostró una carta en la que se ordenaba “la clausura del periódico porque habían incurrido en actividades incompatibles con su condición”. La orden se dictó después de la publicación de un artículo de opinión en el que se condenaba la corrupción dentro de las fuerzas armadas y de otro artículo sobre denuncias de corrupción contra autoridades gubernamentales.

Libertad de asociación

En febrero se promulgaron dos leyes que regulaban las actividades de las ONG. La legislación restringía el derecho a la libertad de asociación al exigir la inscripción en registro de todas las ONG y prohibía operar a las que no estuvieran registradas. La Comisión de Ayuda Humanitaria y Rehabilitación tenía amplias facultades para registrar y vigilar a las ONG y revocar el registro de las que se consideraran no conformes a la Ley de ONG. El trabajo en derechos humanos y el de incidencia política no figuraban entre los “objetivos de las ONG” admisibles enunciados en dicha ley.

Derecho a la salud: salud mental

A pesar de que la incidencia del trastorno de estrés postraumático y de la depresión entre la población seguía siendo elevada, la disponibilidad de servicios de salud mental y apoyo psicosocial y su accesibilidad seguían siendo limitadas. El pabellón de psiquiatría del Hospital Universitario de Yuba —único centro médico que ofrecía atención psiquiátrica— seguía contando sólo con 12 camas. La disponibilidad de fármacos psicotrópicos era irregular y escasa. Sólo había dos psiquiatras en ejercicio en todo el país, ambos en Yuba. Ninguno de los dos se dedicaba de manera exclusiva a atender a pacientes. Debido a la falta de servicios y centros apropiados, las personas con problemas de salud mental seguían siendo internadas de forma habitual en prisiones aunque no hubieran cometido ningún delito. En la cárcel, estas personas seguían sin recibir suficiente atención médica, y a veces se las encadenaba o recluía en régimen de aislamiento durante periodos largos.

Novedades jurídicas, constitucionales e institucionales

En mayo, Sudán del Sur concluyó la ratificación de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y de la Convención de la Organización de la Unidad Africana por la que se Regulan los Aspectos Específicos de los Problemas de los Refugiados en África.

Autor: Amnesty Internacional

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